La reforma de seguridad ingresó al Senado el 17 de agosto con suma urgencia. Contiene ocho modificaciones a la Carta Fundamental. Entre ellas figuran la consagración de la seguridad pública como deber del Estado, un registro de organizaciones de crimen organizado y un nuevo estado de excepción de seguridad pública.
El rechazo oficial al plebiscito y el marco institucional
Desde Ñuble, tras la primera tronadura del embalse Zapallar, Kast fue consultado por la posibilidad de convocar a la ciudadanía. Respondió con claridad. “Dentro de nuestro programa, no consideramos la alternativa de realizar plebiscitos”, dijo. Añadió que eso no impide que parlamentarios planteen ideas, pero el Gobierno no impulsará esa ruta.
El biministro Claudio Alvarado había desmentido horas antes cualquier evaluación de un referéndum. Según la versión de La Tercera, Alvarado afirmó que “el Gobierno no ha pensado ni está pensando en un plebiscito” y que la norma constitucional vigente no lo contempla en esta etapa. El ministro José García Ruminot coincidió: el plebiscito aplica solo después del proceso legislativo y ante discrepancias formales entre poderes.
El camino, insistió Kast, es el de los proyectos de ley. “Creemos que con la representación parlamentaria que existe y la institucionalidad que nos rige, el camino para el gobierno es plantear proyectos de ley y la resolución democrática se realiza en el parlamento”.
Contenido de la reforma y los puntos de fricción
La iniciativa forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Reduce el alcance original de once a ocho cambios. El más debatido es el estado de excepción de seguridad pública. El Presidente podrá declararlo ante amenaza grave e inminente o afectación grave. Durará hasta 120 días, prorrogables una vez por el mismo lapso sin autorización del Congreso. Extensiones posteriores requerirán acuerdo parlamentario.
Las zonas afectadas quedarían bajo un oficial general designado por el Ejecutivo. Se habilitarían restricciones a la libertad de locomoción, reunión y comunicaciones, entre otras. Diario Financiero y otros medios han señalado que este punto genera reparos incluso dentro del oficialismo, por el equilibrio entre facultades presidenciales y garantías individuales.
Otros ejes incluyen inhabilidades perpetuas para cargos públicos a condenados por crimen organizado o terrorismo, restricciones a beneficios penitenciarios durante 15 años y la creación de un registro de organizaciones criminales que requiere ratificación del Senado por dos tercios en sesión secreta.
Las críticas de exautoridades y la respuesta presidencial
Kast respondió a cuestionamientos de exautoridades que advierten sobre posibles restricciones a libertades. “La libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de las autoridades”, sostuvo. Y agregó: “No me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas”.
El mandatario recordó que la ciudadanía eligió en las urnas la línea de seguridad, crecimiento y progreso. Solicitó al Congreso argumentar con precisión qué partes del proyecto no les parecen adecuadas y fijar urgencia a una iniciativa que, según él, puede cambiar la vida de millones de chilenos.
Cifras recientes de criminalidad y el contexto de la agenda
Los datos oficiales marcan una tendencia a la baja en homicidios. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2025 se registraron 1.091 víctimas, con una tasa de 5,4 por cada 100 mil habitantes. Eso representa una caída de 11,5 % respecto de 2024 y 239 víctimas menos que el peak de 2022.
En lo que va de 2026, los balances del Comité Policial muestran reducciones adicionales. Al 2 de agosto se contabilizaban 513 víctimas, un 16,6 % menos que en el mismo lapso del año anterior. Los secuestros confirmados por la Policía de Investigaciones bajaron 41,4 % en el último corte disponible. Los robos violentos también registran descensos de dos dígitos en varios reportes parciales.
¿Alcanzan estas mejoras para sostener una reforma de este alcance sin mayorías amplias? La pregunta recorre los pasillos del Senado. La reforma requiere quórum de cuatro séptimos: 29 de 50 senadores. El oficialismo parte con un piso cercano a 23-26 votos, según los cálculos que circulan en La Moneda y que han sido publicados por medios de referencia.
- Consagración de la seguridad pública como deber estatal.
- Nuevo estado de excepción con duración inicial de hasta 240 días sin Congreso.
- Registro de organizaciones criminales con ratificación senatorial de dos tercios.
- Regímenes penitenciarios diferenciados e inhabilidades para condenados.
Comparación con procesos previos y el margen de maniobra
Chile ya vivió dos intentos fallidos de cambio constitucional entre 2021 y 2023. En ambos casos el quórum y el respaldo ciudadano terminaron por definir el resultado. Esta vez el Ejecutivo apuesta a un paquete acotado y a la vía ordinaria del Congreso. La comparación temporal es clara: mientras en 2022 y 2023 se buscó una nueva Carta, ahora se proponen modificaciones puntuales centradas en seguridad pública.
El impacto medible se concentra en el tiempo legislativo. Con suma urgencia, el Senado tiene 15 días para pronunciarse. Si no se alcanzan los 29 votos, el proyecto queda en el camino sin mecanismo de desbloqueo por consulta popular. Eso obliga a negociaciones de indicaciones en las próximas semanas. Según reportó BioBioChile, el Gobierno se mostró dispuesto a escuchar propuestas parlamentarias para mejorar el diseño y ampliar respaldos.
La reforma no es el único instrumento de la agenda. Hay más de 30 proyectos, entre ya ingresados y nuevos, que apuntan a flagrancia de 24 horas, control fronterizo y decomiso de bienes. La constitucional, sin embargo, es la que habilita el marco más amplio.
Proyección inmediata en el Senado
Los próximos días definirán si el oficialismo logra cerrar la brecha de votos. Fuentes de la Cámara Alta señalan que se buscan apoyos en bancadas intermedias. El Ejecutivo ya ajustó el texto original para responder a reparos internos, en particular de la UDI, que en un primer momento cuestionó el alcance.
Kast cerró su intervención pidiendo altura de miras. El Congreso, dijo, decidirá si aprueba o no. Esa es la vía democrática que el Gobierno eligió. No habrá atajo de plebiscito. El reloj legislativo ya corre y las cifras de criminalidad, aunque a la baja, siguen marcando la urgencia que el Ejecutivo reclama.
La decisión de descartar el referéndum deja la reforma de seguridad sujeta exclusivamente al juego de mayorías parlamentarias. Si el Senado no alcanza el quórum, el paquete constitucional quedará en suspenso y el Gobierno deberá avanzar solo con las leyes ordinarias. Esa es la consecuencia concreta que se juega en las próximas dos semanas.
Fuentes oficiales: Subsecretaría de Prevención del Delito – Informe de homicidios 2025 y Gobierno de Chile – Balance de seguridad.
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