Según reportó T13 este 21 de agosto, Arrau sostuvo reuniones con bancadas de la UDI y Renovación Nacional. Se abrió a modificar aspectos centrales del texto. En la versión de BioBioChile del 20 de agosto, el ministro buscó ordenar la agenda tras cuestionamientos por falta de trabajo prelegislativo. La Tercera detalló que el senador Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) marcaron el giro al proponer un tope de 30 días renovables con acuerdo del Congreso desde el primer momento.
Los puntos que generaron el mayor rechazo
El proyecto crea un quinto estado de excepción constitucional. A diferencia de los estados de asamblea o sitio, no exigía inicialmente la aprobación del Congreso. El plazo máximo de 240 días resultó más extenso que cualquier experiencia comparada reciente en la región.
Otras medidas generaron reparos. La interceptación de comunicaciones, la restricción de libertades de tránsito y reunión, y la pérdida de prestaciones estatales para condenados por crimen organizado. Incluso la ministra de Salud, May Chomali, se opuso a incluir la salud en las restricciones de beneficios.
Una encuesta de Cadem mostró el clima ciudadano. El 58% se opone a que el Presidente decrete solo el nuevo estado de excepción. El respaldo sube a 52% si cuenta con aprobación del Congreso. La interceptación de comunicaciones aparece dividida (46% a favor y 46% en contra). Restringir la libertad de tránsito genera 54% de rechazo.
- Reducción del plazo máximo del estado de excepción a 30 días renovables.
- Exigencia de acuerdo entre el Presidente y el Congreso desde el primer día.
- Exclusión de prestaciones de salud de las restricciones a condenados.
- Ajustes al registro de organizaciones criminales para resguardar el debido proceso.
La ronda de emergencia con Chile Vamos
La mañana del jueves 20 de agosto, Arrau recibió en su despacho a parlamentarios de RN y la UDI. Según los asistentes, el ministro se mostró disponible para cambios sustanciales. Se acordó conformar una mesa de negociación con representantes de los partidos oficialistas.
La UDI prepara una mesa técnica para el lunes. La diputada Constanza Hube presentará una nueva redacción. Renovación Nacional se reunió con expertos como Marisol Peña, Teodoro Ribera, Sebastián Soto y Juan José Ossa. El objetivo es llegar a un texto con mayores chances de reunir los 29 votos necesarios en el Senado (4/7 de los senadores en ejercicio).
Fuentes del oficialismo señalaron que Arrau prefería una batería de proyectos de ley. Presidencia habría insistido en la reforma constitucional para habilitar cambios legales sin chocar con el Tribunal Constitucional.
El rechazo al plebiscito
Ante versiones sobre un eventual plebiscito para validar las reformas, los partidos oficialistas manifestaron rechazo total. Afirmaron que no resulta viable jurídicamente. El gobierno tomó distancia y descartó que esa opción estuviera en carpeta.
El contraste con la estrategia legislativa
La reforma modifica el capítulo I de la Constitución, referido a las bases de la institucionalidad. Parlamentarios de Chile Vamos advirtieron que se abría un debate constitucional innecesario. La falta de socialización previa generó el principal roce interno.
Emol y La Tercera coincidieron en que el senador Squella, hasta entonces uno de los principales respaldos del ministro, cambió el tono al anunciar indicaciones junto a Longton. Ambos senadores son los únicos oficialistas en la Comisión de Constitución del Senado.
Arrau defendió el trabajo realizado. Señaló que son tres o cuatro materias las que concentran las críticas y que no afectan el núcleo del proyecto: el listado de organizaciones criminales, el régimen penitenciario más estricto y el nuevo estado de excepción de carácter policial.
La reforma de seguridad Arrau entra ahora en una fase de ajuste. El ministro afirmó que el gobierno está “muy abierto a hacer cambios” para lograr una tramitación rápida. La próxima semana se espera una reunión con los presidentes de los partidos oficialistas. El resultado de esa negociación definirá si el proyecto avanza con un texto consensuado o enfrenta un debate más largo y conflictivo en el Congreso.
El gobierno necesita exhibir avances concretos en seguridad. La apertura a modificar plazos, controles y alcances de las restricciones muestra que la presión interna obligó a recalcular la estrategia. Queda por verse si los ajustes logran el respaldo suficiente para reunir el quórum constitucional o si el proyecto termina diluyéndose en una negociación prolongada.
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