Quienes soliciten o renueven su permiso enfrentarán una declaración jurada licencia de conducir sobre su estado de salud. La Ley N° 21.797, conocida como Ley Jacinta, obliga a acreditar que no se padecen enfermedades inhabilitantes o restrictivas. Entregar datos falsos constituye una infracción grave y puede derivar en la cancelación del documento.

¿Qué establece exactamente la norma?

La ley modificó la Ley de Tránsito. El interesado debe presentar una declaración jurada que indique que no ha sido diagnosticado ni conoce padecer alguna de las enfermedades definidas como inhabilitantes o restrictivas en el reglamento correspondiente. La exigencia aplica a todos los tipos de licencia.

El texto fue publicado en el Diario Oficial el 7 de febrero de 2026. Según el registro disponible en fuentes legales especializadas, el artículo 13 de la Ley N° 18.290 incorpora este requisito de forma expresa. T13 detalló el 23 de agosto que la medida busca reforzar el control sobre las condiciones físicas y psíquicas de quienes conducen.

Meganoticias y 24 Horas coincidieron en la misma fecha aproximada: la declaración no es un trámite aislado. Formará parte de un procedimiento estandarizado que las municipalidades deberán aplicar una vez listo el reglamento.

¿Cuándo comenzará a exigirse en la práctica?

La aplicación no es inmediata. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene un plazo de 12 meses desde la publicación de la ley para dictar el reglamento, que debe ser suscrito también por el Ministerio de Salud. Ese documento fijará las enfermedades concretas, los criterios de evaluación y el procedimiento municipal.

Una vez publicado el reglamento, las nuevas exigencias entrarán en vigor 90 días después. Hoy, 23 de agosto de 2026, el reglamento aún no existe. Por tanto, la declaración jurada bajo el nuevo esquema no se exige todavía. Autofact y otros medios de referencia recordaron este calendario en coberturas recientes.

¿Qué ocurre si se miente?

La norma califica la entrega de información falsa como infracción grave de tránsito. La consecuencia principal es la cancelación de la licencia de conducir. No se trata de una multa aislada. El conductor pierde el permiso.

Según reportó T13 el 22 de agosto, si la persona omite una condición de salud y luego participa en un siniestro, la cancelación se suma a la infracción grave. La medida apunta a elevar la responsabilidad individual al momento de declarar.

Contexto de origen y cifras de siniestralidad

La ley lleva el nombre de Jacinta González Schnitzer, una bebé de cinco meses fallecida en agosto de 2022 tras ser atropellada por un conductor de 80 años que padecía cáncer en etapa avanzada. El caso impulsó la moción parlamentaria que terminó en la Ley N° 21.797.

Datos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito muestran que en 2024 se registraron 1.439 fallecidos en siniestros. En 2025 la cifra subió a 1.507. Hasta mediados de agosto de 2026 el acumulado iba en 909, con una baja relativa respecto del año anterior. El vínculo entre condiciones de salud no declaradas y algunos accidentes graves motivó el cambio normativo.

• Declaración jurada sobre enfermedades inhabilitantes o restrictivas.
• Aplica a obtención y renovación de todas las clases de licencia.
• Falsa declaración: infracción grave y cancelación del permiso.
• Reglamento pendiente: plazo máximo hasta febrero de 2027, más 90 días de vacancia.

Comparación con el sistema actual

Hasta ahora las direcciones de tránsito municipales realizan evaluaciones médicas básicas. La nueva norma exige un estándar único definido por reglamento y suma la declaración jurada como requisito formal. El contraste es claro: se pasa de un control principalmente presencial a uno que combina evaluación y responsabilidad declarada del conductor.

La Ley Jacinta también elevó las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales. Esa parte ya rige para las pólizas nuevas. Fallecimiento e incapacidad permanente total subieron a 600 UF, entre otros ajustes.

Impacto concreto en conductores y municipios

Quienes deban renovar en los próximos meses no enfrentan aún la nueva declaración bajo el esquema de la Ley Jacinta. Sin embargo, deben seguir presentando la cédula de identidad y la licencia anterior en la dirección de tránsito. Algunas comunas ya usan agendas digitales y solicitan declaraciones de otro tipo para agilizar el trámite.

El impacto medible aparecerá cuando el reglamento esté listo. Las municipalidades tendrán que ajustar sus protocolos de evaluación de idoneidad física y psíquica. El número de cancelaciones por declaración falsa dependerá de la fiscalización posterior a siniestros.

La declaración jurada licencia de conducir introduce un costo real para quien omita información relevante: la pérdida del permiso. La norma busca reducir riesgos asociados a condiciones de salud no informadas. El reglamento que defina las enfermedades y el procedimiento concreto determinará el alcance final de la medida.