El Ejecutivo ingresó este lunes al Senado la reforma constitucional de seguridad, pieza central de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Tras reparos internos, las restricciones a beneficios fiscales para condenados se entregaron a una futura ley de quórum calificado. La medida coincide con un balance oficial que muestra una baja de 17,4 % en homicidios respecto del mismo periodo de 2025.

El ingreso formal y el cambio de enfoque

Durante la tarde del 17 de agosto el proyecto llegó a la Cámara Alta. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que las eventuales limitaciones a prestaciones pagadas con recursos públicos quedarán reguladas por una norma de quórum calificado. Esa decisión busca sumar respaldo transversal.

“Las eventuales restricciones que tendrían respecto de beneficios pagados con recursos fiscales, quedan entregados a una Ley de quórum calificado, es decir, esa materia va a tener que ser regulada y está entregada al legislador”, señaló García Ruminot. Agregó que se trata de una reforma con quórum alto y que el debate parlamentario definirá el resultado final.

La iniciativa forma parte de la Agenda ACOT presentada el 5 de agosto. El borrador inicial generó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo, sobre todo por la posibilidad de limitar acceso a salud y otras prestaciones durante 15 años después de cumplida la condena. El texto final reduce el número de cambios constitucionales a ocho y desplaza ese punto a una ley posterior.

Los ocho ejes que modifican la Constitución

El texto eleva la seguridad pública a deber explícito del Estado en el artículo 1°. Incorpora un nuevo artículo 9° bis que fija la obligación de proteger frente al crimen organizado y el terrorismo. Permite regímenes penitenciarios especiales con restricciones a comunicaciones, visitas y traslados cuando exista riesgo de coordinación delictual desde la cárcel.

Para los condenados por crimen organizado se establece inhabilitación perpetua para cargos públicos. También se habilita la creación de registros de organizaciones criminales. La inclusión de una agrupación no implica responsabilidad automática de sus miembros; el Ministerio Público deberá acreditar la participación individual.

El Presidente podrá declarar que una agrupación es terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. Esa declaración requerirá ratificación del Senado en sesión secreta con dos tercios de los senadores en ejercicio.

El nuevo estado de excepción

Se crea un estado de excepción de seguridad pública. Podrá decretarse ante amenaza grave e inminente o cuando la seguridad ya haya sido gravemente afectada. La duración inicial alcanza 120 días y puede prorrogarse por igual periodo. Las prórrogas posteriores necesitan aprobación del Congreso.

Durante su vigencia, las zonas afectadas quedan bajo un Oficial General designado por el Presidente. Se autoriza restringir libertad personal y de desplazamiento, derechos de reunión y asociación, interceptar comunicaciones y requisar bienes, según la legislación complementaria.

El proyecto se ingresó con suma urgencia. Debe darse cuenta este martes en la Sala del Senado. El plazo de discusión es de 15 días, aunque la semana distrital podría alterar el ritmo.

Cifras oficiales del mismo día y comparación temporal

Horas antes del ingreso, el Ministerio de Seguridad entregó un nuevo balance. Hasta la fecha los homicidios registran una disminución de 17,4 % respecto del mismo periodo de 2025. Los secuestros confirmados por la PDI cayeron 41,4 %. Las incautaciones de drogas subieron 63,9 % y los ingresos irregulares detectados en fronteras bajaron 86,9 %.

El ministro Martín Arrau subrayó que se trata de la novena semana consecutiva con mejorías. “Es una semana que nos mantiene con mejorías en las cifras, siendo muy cautos y conscientes del largo camino que nos queda por delante”, dijo. En junio se habían contabilizado 396 homicidios, un 13,7 % menos que en 2025. En el primer semestre la baja acumulada llegó a 13 %.

Si se compara con el cierre de 2025, cuando la tasa nacional fue de 5,4 víctimas por cada 100 mil habitantes —una caída de 11,5 % respecto de 2024—, la tendencia se consolida. En 2022 el país había alcanzado el peak de 1.330 víctimas. Desde entonces la reducción acumulada supera las 200 personas.

balance oficial del Ministerio de Seguridad sobre homicidios

La reforma constitucional de seguridad busca dotar de herramientas permanentes a un Estado que ya muestra resultados operativos. La pregunta que surge es si el nuevo marco constitucional acelerará o consolidará esa tendencia.

reforma constitucional de seguridad y Agenda ACOT

El impacto medible en el Congreso y en las cifras

Para aprobarse se requieren cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio: 89 votos en la Cámara y 29 en el Senado. El oficialismo cuenta hoy con alrededor de 67 diputados y 23 senadores. Necesitará apoyos adicionales, como los que logró en la reciente ley de reconstrucción.

El desplazamiento de las restricciones a beneficios hacia una ley de quórum calificado reduce el costo político inmediato. Evita un debate frontal sobre acceso a salud o pensiones para condenados dentro de la reforma constitucional. Al mismo tiempo, deja abierta la puerta a una regulación posterior más detallada.

Si la baja de 17,4 % en homicidios se sostiene hasta fin de año, el país podría cerrar 2026 con cerca de 150 víctimas menos que en 2025. Esa proyección, basada en los datos parciales del Ministerio, da contexto a la urgencia que el Ejecutivo asigna a la reforma. Cada herramienta adicional —regímenes especiales, registros o el nuevo estado de excepción— se presenta como un refuerzo a una tendencia que ya existe, no como el punto de partida.

Un detalle que solo aparece al revisar el balance del mismo día: la Operación Cancerbero, ejecutada la semana pasada, trasladó a más de 200 reclusos de alta peligrosidad a un régimen de 22 horas diarias en celda en la cárcel La Laguna. Es el tipo de medida que la reforma constitucional busca respaldar con mayor solidez jurídica.

El proyecto ya está en el Senado. El debate comenzará mañana. Las cifras de seguridad siguen a la baja. La reforma constitucional de seguridad intentará convertir esos números en un marco permanente. El quórum alto y los ajustes de último momento marcan el punto de partida real de la discusión.