Los testimonios de dos exfuncionarios del Partido Comunista ante The New York Times confirman que el gobierno de Gabriel Boric recibió en enero una advertencia explícita de Estados Unidos sobre posibles restricciones de viaje si avanzaba el proyecto de cable submarino hacia Hong Kong. La medida, aplicada en febrero, dejó de parecer unilateral. El episodio reabre preguntas sobre el manejo de la presión externa y sus efectos en la conectividad digital chilena.

La reunión de seis minutos que cambió el relato

El 20 de febrero de 2026, desde Rapa Nui, el entonces presidente Gabriel Boric calificó de “arbitraria, unilateral y sorpresiva” la decisión del Departamento de Estado de revocar las visas de tres altos cargos. El canciller Alberto van Klaveren citó al embajador estadounidense para pedir explicaciones. Ese día el tono oficial apuntaba a una medida inesperada.

Seis meses después, las versiones de Claudio Araya, exsubsecretario de Telecomunicaciones, y Guillermo Petersen, su jefe de gabinete —ambos militantes del PC— modifican ese cuadro. Según el reportaje del diario estadounidense publicado el 16 de agosto, un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Santiago se reunió con Petersen en enero. La cita duró seis minutos.

Petersen relató que el representante advirtió sobre el riesgo de ciberataques chinos asociados al tendido de 19.300 kilómetros entre Concón y Hong Kong. Si Chile seguía adelante, Washington impondría prohibiciones de entrada no solo a los funcionarios, sino también a sus cónyuges e hijos. Araya describió el encuentro como una amenaza clara.

El embajador Brandon Judd ratificó que las restricciones “no fueron una sorpresa” y que se produjeron tras años de conversaciones. Agregó que las visas buscan cambiar conductas, no castigar. En el caso chileno, según él, cumplieron ese objetivo: el proyecto se suspendió.

De la firma del decreto a la anulación en 48 horas

El 27 de enero el ministro Juan Carlos Muñoz firmó el decreto que otorgaba la concesión a China Mobile International por 30 años. El documento detallaba la instalación, operación y explotación de la red. Dos días después se anuló por un supuesto “error técnico o en su tipeo”. Petersen solicitó esa anulación.

Muñoz declaró después que a fines de enero llegó un mensaje de la embajada con antecedentes sobre una posible amenaza a la seguridad nacional. Decidió revertir. La secuencia muestra que la presión se materializó casi al mismo tiempo que la firma.

¿Qué sabía exactamente el círculo más cercano al presidente? Los testimonios de Araya y Petersen no atribuyen conocimiento personal a Boric. Sí establecen que funcionarios de su administración recibieron la alerta antes de las sanciones anunciadas el 20 de febrero.

El factor partidario en la tramitación

Araya y Petersen impulsaron las gestiones desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Viajaron a China y sostuvieron reuniones con representantes de la empresa. El proyecto había estado en la agenda desde 2016, pero cobró fuerza bajo su gestión. La presencia de militantes del PC en puestos clave generó cuestionamientos desde la oposición y desde Washington.

En marzo, seis días antes del cambio de mando, Boric explicó que había decidido no avanzar de manera apresurada para conversar con el presidente electo José Antonio Kast. El grueso de la tramitación le tocaría a la nueva administración. Los relatos posteriores indican que la suspensión respondió también a la presión concreta de las visas.

Comparación con otros casos en la región y datos recientes de conectividad

El episodio chileno no es aislado. The New York Times sitúa el uso de visas dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump para contener la influencia china en América Latina. En Costa Rica se revocaron permisos a legisladores que cuestionaron proveedores chinos de tecnología 5G. En Argentina se registraron advertencias a ejecutivos vinculados a la expansión de Huawei.

Chile, sin embargo, ofrece un contraste medible. Mientras el cable hacia Hong Kong quedó congelado, el gobierno de Kast ha avanzado con proyectos respaldados por empresas estadounidenses. El 11 de agosto Google anunció el sistema Alisios, que conectará Chile con Panamá y República Dominicana. El ministro Louis de Grange destacó que refuerza la posición del país como líder digital en la región.

Según el mapa de cables submarinos y registros de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Chile cuenta hoy con dos cables nacionales y cuatro internacionales en operación. El tráfico de datos internacionales depende en más del 95 % de estos tendidos físicos. El cable Humboldt, impulsado por Google y previsto para 2027, agregará 144 terabits por segundo entre Santo Domingo y Australia, con un tramo que reduce la latencia hacia Oceanía.

La suspensión del cable chino evitó una inversión estimada en 500 millones de dólares, pero también preservó la diversificación de rutas bajo estándares que Washington considera seguros. Un informe reciente de la PDI, iniciado el 8 de agosto a partir de información entregada por el embajador Judd, investiga posibles ciberataques asociados al grupo Lilac Typhoon, vinculado a actores del Ejército Popular de Liberación chino, que habrían afectado a empresas como Entel y Telmex desde 2024.

informe oficial de la Subsecretaría de Telecomunicaciones sobre infraestructura de cables

En el centro del debate aparece ahora la capacidad del país para equilibrar socios. China sigue siendo el principal destino de exportaciones, mientras Estados Unidos concentra la mayor parte de la inversión extranjera directa en tecnología. La anulación del proyecto dejó un vacío temporal que los nuevos cables de Google buscan llenar.

cable chino y telecomunicaciones Chile

Impacto concreto en la posición digital de Chile

La decisión de suspender el tendido hacia Hong Kong tuvo un costo de oportunidad inmediato. El proyecto contemplaba alcanzar incluso Isla de Pascua y ofrecía una ruta directa a Asia sin pasar por Norteamérica. Su paralización obligó a depender de las conexiones existentes hacia Estados Unidos y Europa.

Datos de la industria muestran que un cable adicional de esa capacidad podría haber aumentado en un 20 a 30 % la redundancia de rutas hacia el Pacífico. En su lugar, el avance de Alisios y Humboldt consolida a Chile como hub, pero bajo un esquema alineado con los intereses de seguridad de Washington. El 10 de agosto se conoció que Estados Unidos restituyó la visa a Juan Carlos Muñoz, cerrando el capítulo personal de la sanción, aunque no el debate institucional.

El embajador Judd sostuvo que las restricciones cambiaron el comportamiento. La pregunta que queda abierta es si ese cambio responde solo a la presión externa o también a una evaluación interna de riesgos. Araya y Petersen, al hablar con el medio estadounidense, aportaron la pieza que faltaba: el gobierno sabía desde enero que las visas estaban sobre la mesa.

Lo que revela el detalle del “error de tipeo”

Un detalle menor, pero revelador, aparece en la anulación del decreto. La jefa interina de Administración y Finanzas de la Subtel registró que la solicitud se fundaba en un correo de Petersen por “razones de error técnico o en su tipeo”. Quien leyó el expediente original nota que esa fórmula evitó explicitar motivos de seguridad nacional en un documento público. Fue una salida administrativa, no una explicación completa.

Esa irregularidad humana —la necesidad de un respaldo formal para revertir una firma ya puesta— muestra cómo se gestionó el control de daños en tiempo real. No hubo un gran anuncio de amenaza. Hubo un correo y una anulación express.

Hoy, con el gobierno de Kast alineado de manera más explícita con Estados Unidos, el cable chino permanece congelado. China ha reactivado su lobby parlamentario, según registros de audiencias. La tensión no desapareció. Solo cambió de forma.

El relato de los exfuncionarios del PC no solo desmonta la sorpresa alegada en febrero. Obligó a revisar hasta qué punto la presión de las visas condicionó una decisión soberana sobre infraestructura crítica. El número concreto queda a la vista: tres funcionarios y sus familias afectados, un proyecto de casi 20.000 kilómetros suspendido y una red de cables que sigue creciendo por otras vías. La conectividad chilena avanza, pero el costo de la geopolítica se midió en visas y en tiempo perdido.