El gobierno impulsó esta semana una comisión para revisar el Estatuto Administrativo, la norma que regula desde 1989 a los funcionarios del Estado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el 10 de agosto la instancia transversal que tendrá 120 días para proponer cambios. La medida apunta a rigideces que afectan el servicio a la ciudadanía. Datos frescos de la Dirección de Presupuestos muestran que la contrata concentra más de la mitad de los cargos y que el sistema de calificaciones casi no diferencia desempeño.

La comisión, integrada por 12 expertos de distintas administraciones, se presentó el 17 de agosto. Su mandato es identificar qué modificar sin desmantelar protecciones básicas. El debate se centra en tres frentes: el uso de licencias médicas, la distorsión entre plantas y contrata, y la falta de evaluaciones reales. Estos puntos determinan si el Estado puede adaptarse o permanece anclado a reglas de hace casi cuatro décadas.

El desequilibrio entre plantas y contrata en cifras recientes

Según el Informe Trimestral de Empleo en el Sector Público de la Dipres, a marzo de 2026 el Gobierno Central sumaba 549.237 cargos efectivos. De ellos, el personal a contrata representaba el 54,7 % (300.466 puestos) y el de planta solo el 23,4 % (128.439). El diseño original del Estatuto contemplaba la contrata como excepción temporal, limitada en la práctica a alrededor del 20 %. Hoy es la vía principal de ingreso.

Esa inversión de proporciones genera dos efectos concretos. Primero, la contrata se prorroga año tras año y, tras dos renovaciones, la Contraloría ha aplicado criterios de confianza legítima que dificultan el término. Segundo, las plantas, pensadas para la carrera permanente, quedan reducidas. Cuando un funcionario de planta deja el cargo, el ascenso del siguiente debería ocurrir de forma automática por escalafón de mérito. En la práctica, la debilidad de las calificaciones diluye ese mecanismo.

¿Qué sentido tiene mantener una dualidad que el propio sistema ya no respeta? La reforma al Estatuto Administrativo tendría que unificar criterios de ingreso y permanencia, o al menos fijar un tope claro y fiscalizable para la contrata. De lo contrario, cada gobierno seguirá usando la vía temporal para ampliar dotaciones sin pasar por los controles de la planta.

Licencias médicas: el costo medible del ausentismo

El mal uso de licencias aparece como el nudo más visible. Un informe consolidado de la Dipres con corte al 31 de diciembre de 2025 registró 40.629 licencias incumplidas que involucraron a 29.270 funcionarios del Gobierno Central. De ellos, 23.745 seguían en servicio. Se instruyeron 25.352 sumarios. Entre los procesos cerrados, 262 funcionarios fueron destituidos y otros 584 recibieron censura.

Las remuneraciones pagadas durante esos períodos de ausencia se estimaron en 36.876 millones de pesos. La duración promedio de las licencias cuestionadas fue de 22,1 días. Casos posteriores de la Contraloría, reportados en marzo de 2026, detectaron más de 6.000 funcionarios que trabajaban en el sector privado mientras mantenían reposo médico en el Estado.

En el ámbito municipal el problema se traduce en servicios paralizados. La Municipalidad de Temuco inició en agosto de 2026 el trámite para desvincular a más de 100 funcionarios con más de 180 días de licencia, la mayoría en el área de salud. El alcalde envió los antecedentes a la Compin para determinar incompatibilidad de salud con el cargo.

Una reforma seria no puede limitarse a aumentar sanciones. Debe revisar el régimen de cobertura del 100 % del sueldo por tiempo indefinido y alinear los controles con los del sector privado. La Cámara de Diputados ya aprobó en agosto un informe que propone reducción progresiva de la cobertura y unificación de criterios de fiscalización.

Evaluaciones sin consecuencias y el rol de los gremios

El sistema de calificaciones anuales clasifica a los funcionarios en cuatro listas. Lista 1 es distinción. En la práctica, cerca del 98 % de los evaluados cae en esa categoría. Expertos citados en agosto de 2026, entre ellos Raphael Bergoeing, señalaron que 201 de 204 servicios recibieron el 100 % del bono por Programa de Mejoramiento de la Gestión. Solo tres quedaron por debajo, y aun así sobre el 93 %.

Cuando casi todos obtienen la nota máxima, el instrumento deja de ordenar ascensos, desvinculaciones o capacitaciones. Funcionarios con bajo rendimiento real permanecen. Algunos, según testimonios recurrentes en el sector, limitan su presencia a trámites mínimos y canalizan su actividad hacia la creación o fortalecimiento de asociaciones gremiales. Nadie los evalúa de forma exigente salvo cuando un superior decide abrir un proceso. La reforma al Estatuto Administrativo debe restaurar consecuencias medibles: bonos diferenciados, prioridad real en promociones y causal clara de cese por reiterado bajo desempeño.

• Incorporar metas individuales verificables, no solo institucionales.
• Publicar rankings internos de desempeño por servicio.
• Vincular de forma directa la lista de calificación con el derecho a ascenso.
• Establecer plazos máximos para sumarios por incumplimiento de funciones.

En el centro del debate aparece también la carrera funcionaria. El Estatuto establece que, al quedar vacante un cargo de planta, el funcionario del grado inmediatamente inferior debe ascender según el escalafón de mérito. Ese derecho se diluye cuando las calificaciones no discriminan. Mejorar la carrera implica, en concreto, que la salida de un titular active de inmediato el mecanismo de promoción del siguiente en la lista, sin dilaciones administrativas ni concursos que lo diluyan.

La empleo público Chile necesita reglas que premien a quien cumple y permitan separar a quien no lo hace. Los gremios cumplen un rol legítimo de representación, pero la ausencia de evaluación individual genera un incentivo perverso: quienes menos aportan tienen más tiempo y motivación para organizarse en torno a la defensa de la inamovilidad.

Impacto fiscal y de servicio: números que no aparecen en el debate superficial

El costo de las licencias irregularmente usadas supera los 36 mil millones de pesos solo en el período reportado por Dipres hasta fines de 2025. Si se proyecta el ausentismo promedio de 32 días hábiles anuales por funcionario del Gobierno Central —cifra de la propia Dipres—, el efecto acumulado sobre la productividad del Estado es medible en horas de atención no prestadas, listas de espera y sobrecarga de quienes sí asisten.

Comparado con el diseño original, la contrata pasó de excepción a norma. Eso eleva la incertidumbre jurídica para los propios trabajadores y dificulta la planificación de mediano plazo. Una reforma que reordene plantas y contrata, exija evaluaciones con rango real y corrija el régimen de licencias podría reducir el gasto improductivo en al menos un dígito porcentual del presupuesto de personal, según estimaciones de especialistas que han revisado los informes de la Dipres.

La ANEF y sectores de oposición han exigido participación formal. Esa demanda es legítima si se traduce en aportes técnicos y no en veto. La experiencia de intentos anteriores muestra que las reformas fracasan cuando se negocian solo en la lógica de la confrontación gremial. El documento final de la comisión, previsto para diciembre de 2026, deberá incluir un cronograma de transición que proteja derechos adquiridos sin congelar las reglas para los nuevos ingresos.

Los datos de la Dirección de Presupuestos y los sumarios de la Contraloría ya están sobre la mesa. Falta convertirlos en normas que distingan entre quien trabaja y quien solo ocupa el puesto. La reforma al Estatuto Administrativo no consiste en quitar estatuto a nadie. Consiste en hacer que el estatuto vuelva a medir lo que importa: el servicio efectivo a la gente que paga los sueldos.

Si la comisión entrega un texto que deje intactas las calificaciones nominales y la distorsión planta-contrata, el costo seguirá pagándose en demoras, filas y recursos públicos que no producen. El próximo escalón de la carrera funcionaria debe abrirse cuando alguien se va, no cuando alguien decide pelearlo en un tribunal. Ese es el mínimo que un Estado moderno puede exigir.

Fuentes oficiales consultadas incluyen el texto refundido del Estatuto Administrativo en Ley Chile y los informes trimestrales de empleo de la Dipres publicados en 2026.