El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este martes a responder de frente las observaciones que pesan sobre la reforma constitucional de seguridad. En un punto de prensa posterior a la entrega de vehículos a la Policía de Investigaciones, afirmó que el texto “tiene la firma del ministro quien le habla” y se declaró único responsable político del proyecto. La declaración llega en un momento en que el Gobierno retiró la urgencia legislativa para abrir espacio a ajustes.

Las críticas han llegado tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Algunos legisladores cuestionan la redacción técnica y el alcance de las nuevas facultades. Otros advierten sobre posibles riesgos para el equilibrio democrático. Arrau no eludió el tema. “Yo firmé y me hago responsable de todas las críticas”.

Qué contiene el proyecto y por qué genera debate

La iniciativa, ingresada al Senado el 17 de agosto, introduce ocho modificaciones a la Constitución. Entre ellas destaca la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública. Este podría decretarse ante una amenaza grave e inminente o cuando la seguridad pública ya haya sido gravemente afectada. La duración máxima inicial es de 120 días, prorrogable por igual período.

Durante su vigencia, el Presidente podría restringir la libertad de locomoción y de reunión, interceptar comunicaciones y disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas bajo un oficial general. También se contempla un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, con requisitos de aprobación parlamentaria, y regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por estos delitos.

Según reportó La Tercera el 24 de agosto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que la decisión de bajar la urgencia refleja la voluntad del Ejecutivo de escuchar. En la versión de BioBioChile, Arrau insistió en que el proyecto forma parte de una cartera más amplia de cerca de 30 iniciativas, varias de las cuales tienen mayor prioridad operativa.

Las cifras que acompañan el discurso oficial

En el balance del lunes 24 de agosto, Arrau entregó datos actualizados del Comité Policial. Los homicidios consumados suman 543 víctimas en lo que va de 2026, lo que representa una baja de 17,9 % respecto del mismo período del año anterior. Las incautaciones de droga subieron 66,5 %. Los ingresos irregulares cayeron 86,9 % y los hechos de violencia en la Macrozona Sur disminuyeron 22,2 %.

Estas cifras se suman a tendencias previas documentadas por organismos oficiales. Un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, publicado en abril, registraba una caída de 14,2 % en homicidios entre enero y comienzos de ese mes, con 247 víctimas. El detalle completo puede consultarse en el sitio de la Subsecretaría: subprevenciondeldelito.gob.cl.

Un balance intermedio de julio, disponible en el portal del Gobierno, mostraba una reducción de 13 % en homicidios al 28 de junio, con 66 víctimas menos que en igual tramo de 2025. La información oficial aparece en gob.cl.

Comparación temporal y regional

Si se observa la evolución desde el inicio del actual período presidencial, la tendencia a la baja se mantiene por debajo de promedios históricos recientes. En la Macrozona Sur la reducción de hechos violentos supera el 20 % en el último balance. En regiones como Atacama y Arica y Parinacota, las caídas porcentuales de homicidios han sido aún más pronunciadas en tramos anteriores del año.

¿Qué peso real tienen estas bajas frente a la percepción ciudadana? El propio ministro ha evitado el triunfalismo. “Nos queda un largo camino”, repitió el lunes. La reforma busca, según el Ejecutivo, entregar herramientas adicionales precisamente en aquellos territorios donde el control territorial del Estado aún es incompleto.

Las voces críticas y la respuesta del ministro

Álvaro Elizalde, en declaraciones recogidas por varios medios, calificó la reforma de “muy mala” y advirtió que podría suspender ciertas libertades. Desde el Partido por la Democracia, el senador Pedro Araya cuestionó la calidad técnica del texto y llegó a mencionar posibles usos de herramientas automatizadas en su redacción. En el oficialismo, senadores de Renovación Nacional y Evópoli han pedido ajustes al plazo del estado de excepción y a las restricciones de beneficios sociales.

Arrau respondió con un llamado a bajar las revoluciones. “Todo lo que hemos propuesto tiene control del Congreso”, afirmó. Sobre el listado de organizaciones, explicó que se requiere aprobación de dos tercios del Senado, un umbral más exigente que en varios países donde solo interviene el Ejecutivo. En la cobertura de El Mostrador se destaca su disposición a conversar cambios con los parlamentarios.

Impacto concreto y escenario legislativo inmediato

La baja de 17,9 % en homicidios implica, en números absolutos, decenas de familias que no han tenido que enfrentar un deceso por esta causa respecto del año pasado. Si la tendencia se mantiene, el efecto acumulado a fin de año podría superar las 150 víctimas menos, según proyecciones lineales simples basadas en los datos oficiales hasta agosto. Ese es el margen de impacto medible que el Gobierno pone sobre la mesa para sostener la necesidad de nuevas herramientas.

• Homicidios: 543 víctimas, -17,9 % interanual al 24 de agosto.
• Incautaciones de droga: +66,5 %.
• Ingresos irregulares: -86,9 %.
• Violencia Macrozona Sur: -22,2 %.

El proyecto requiere 29 votos en el Senado para avanzar. Tras el retiro de la urgencia, las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa tendrán más tiempo para revisar el articulado. Fuentes parlamentarias consultadas por distintos medios coinciden en que los puntos más sensibles siguen siendo la duración del estado de excepción y el alcance de las restricciones a derechos fundamentales.

¿Qué queda pendiente en la agenda?

Arrau recordó que existen otros proyectos con mayor urgencia operativa: reglas del uso de la fuerza, infraestructura crítica, reformas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, además de la actualización de la Ley Naín-Retamal. La reforma de seguridad no desaparece del tablero, pero deja de ser el centro exclusivo de la discusión legislativa de las próximas semanas.

La conversación ahora se traslada a los pasillos del Congreso. El ministro ha dejado claro que no retirará el texto. Tampoco cerrará la puerta a modificaciones. El resultado dependerá de la capacidad de construir mayorías en un escenario donde las posiciones todavía no están del todo alineadas. Las cifras de seguridad, por su parte, seguirán midiendo el terreno real sobre el que se discute.