Dos episodios recientes lo ilustran con crudeza. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, envió una carta de disculpas al Colegio de Profesores. El ministro de Defensa, Fernando Barros, planteó salir del Convenio 169 de la OIT y revisar la Ley Lafkenche. Horas después, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, lo contradijo de frente. Estas salidas de libreto no son anecdóticas. Debilitan la autoridad de quien dirige el país.
La disculpa de Lincolao y el costo de las palabras mal medidas
La ministra Lincolao participó en un podcast. Allí afirmó que los profesores de humanidades “también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente” ante el avance de la inteligencia artificial. La frase generó rechazo inmediato en el gremio docente, considerando que ella es profesora de filosofía.
El 24 de agosto envió una carta al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. “Me expresé mal y entiendo que mis palabras pudieron transmitir una desvalorización de la profesión docente. Eso no representa lo que pienso, y pido sinceramente disculpas por ello”, escribió. Reconoció que los términos elegidos no reflejaban su intención real.
Una ministra que debe rectificar en público revela falta de preparación en el manejo del mensaje. No es el primer desliz del gabinete. Pero cada rectificación pública suma desgaste. La ciudadanía observa y saca conclusiones. ¿Quién controla realmente el relato oficial?
Barros versus Alvarado: el choque que expone la falta de línea
El ministro de Defensa, Fernando Barros, fue más lejos. En una entrevista con Diario Financiero planteó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Lafkenche constituyen “un riesgo para el país”. Los calificó de “caldo de cultivo de conflicto” porque, según su lectura, generan divisiones por origen étnico.
“Sí, es factible, hay formas de salirse”, respondió cuando le preguntaron por abandonar el tratado. Desde la perspectiva de Defensa, dijo, se trata de un tema de preocupación. El Convenio 169, adoptado por la OIT en 1989 y vigente en Chile desde el 15 de septiembre de 2009, establece obligaciones de consulta a pueblos indígenas. El texto completo y su promulgación en el país pueden consultarse en la Biblioteca del Congreso Nacional: bcn.cl.
Alvarado no tardó en responder y echar por tierra el desliz de Barros. “Esa opinión, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, no puede ser traspasable a la mirada integral que tiene un Gobierno respecto a un tratado en específico que está plenamente vigente y que el Gobierno, obviamente, respeta”, afirmó. Agregó que no se innovará en la materia. El presidente Kast intentó matizar: incentiva a los ministros a cuestionarse, pero descartó que la salida del convenio sea prioridad.
“Esa opinión, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, no puede ser traspasable a la mirada integral que tiene un Gobierno respecto a un tratado en específico que está plenamente vigente y que el Gobierno, obviamente, respeta.”
El contraste es evidente. Un ministro de Kast propone una medida que, en lo sustantivo, erosiona la estabilidad democrática del país, cautelada sin titubeos por Bachelet, Piñera y Boric. Otro ministro de Kast debe salir al paso de las críticas y calmar el revuelo. En redes sociales circuló con rapidez el cruce. Usuarios de distintas posiciones coincidieron en un punto: esto no es normal en un Ejecutivo que: ya lleva más de cinco meses en el Poder, que tuvo una inédita Oficina del Presidente Electo (OPE) para, precisamente, preparar la línea estratégica del Gobierno, y sobre todo cuyo Presidente de la República estuvo más de doce años en campaña.
Más de cinco meses y aún se nota la improvisación
El gobierno asumió el 11 de marzo de 2026. Según el registro oficial de la Presidencia y los antecedentes públicos del traspaso de mando, el equipo ya debió haber consolidado canales de coordinación. Sin embargo, los episodios se repiten. Diferencias sobre aranceles con Estados Unidos, desencuentros previos entre carteras y ahora este choque abierto sobre un tratado internacional.
La descoordinación ministerial no es solo un problema de imagen. Afecta la credibilidad de las políticas. Cuando Defensa habla de “riesgo para el país” y Interior responde que se respeta el tratado “íntegramente”, ¿cuál es la posición real del Estado de Chile? El Convenio 169 figura en el sitio de la Organización Internacional del Trabajo como norma vigente para los países que lo ratificaron: ilo.org.
En X, las reacciones fueron inmediatas. Algunos senadores oficialistas respaldaron la preocupación de Barros sobre la Ley Lafkenche. Otros subrayaron que el ministro de Interior cerró el debate. El resultado neto es ruido. Ruido que debilita la autoridad del presidente.
El costo político de gobernar a trompicones
Un gobierno necesita disciplina comunicacional. Especialmente cuando enfrenta una agenda compleja: seguridad, reforma constitucional, relaciones internacionales y control de fronteras. Cada desmentido interno resta fuerza. Cada disculpa pública resta autoridad. Cada error no forzado demuestra que la administración anterior, a la que se tildaba de «practicantes» resultó más estadista que el Gobierno vigente.
Lincolao rectificó. Barros fue corregido. Alvarado tuvo que salir a poner orden. El patrón se repite. Y el tiempo avanza. A estas alturas, la ciudadanía espera menos ensayos y más ejecución.
- Ministra de Ciencia pide disculpas por frases sobre docentes y empleo.
- Ministro de Defensa propone abandonar un tratado internacional vigente.
- Ministro del Interior desautoriza esa posición en menos de dos días.
- El presidente interviene para matizar sin zanjar del todo.
- Mara Sedini fue sacada por menos.
Estos hechos no ocurren en el vacío. Se suman a otras descoordinaciones registradas en agosto. La acumulación genera una percepción de gobierno aún en práctica. Aunque el Ejecutivo haya cumplido más de cinco meses.
Proyección: o se impone orden o el desgaste se acelera.
La consecuencia concreta es medible en confianza. Cada episodio de este tipo alimenta la narrativa de improvisación. En un país que demanda seguridad y certezas, la descoordinación ministerial se transforma en un activo para la oposición y en un pasivo para La Moneda.
El Convenio 169 no es un detalle menor. Su texto y las obligaciones que genera para el Estado chileno están documentados en la Biblioteca del Congreso Nacional y en los registros de la OIT. Cualquier revisión exige un proceso formal, no declaraciones aisladas de un ministro sectorial. El decreto que lo promulgó en Chile puede revisarse en el sitio oficial de la normativa: bcn.cl.
Si el gobierno no logra alinear a sus ministros, el costo será creciente. No se trata de silenciar opiniones. Se trata de que las posiciones oficiales se definan antes de salir a la palestra. De lo contrario, cada semana traerá un nuevo desmentido. Y la imagen de un ejecutivo que aún ensaya se consolidará.
Chile necesita un gobierno que hable con una sola voz en las materias de Estado. Hasta ahora, en estos episodios, esa voz no se escucha con claridad. El tiempo de práctica debió haber terminado hace meses. La realidad muestra que aún no es así.
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