La diputada Pamela Jiles, del Partido de la Gente, cuestionó con dureza la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. En conversación con T13, calificó la propuesta como “prácticamente un golpe de Estado” y un “golpe blando” que busca generar un gobierno autoritario.

Jiles afirmó que el Ejecutivo se disparó en los pies al presentar un texto que, a su juicio, implica la pérdida de derechos fundamentales. Señaló que en 24 horas se unió todo el espectro político y académico en rechazo a la iniciativa.

Las críticas de Jiles al nuevo estado de excepción

La parlamentaria se refirió específicamente al nuevo estado de excepción de seguridad pública contemplado en la reforma. Según dijo, aquellos que pensaban que las personas estaban dispuestas a entregar todas sus libertades a cambio de seguridad se equivocaron.

“El gobierno se disparó en los pies, en la cabeza, la cintura, en todas partes. Esto ha unido a todo el espectro político y académico”, sostuvo. Agregó que ni siquiera parte de los republicanos está disponible para aceptar la propuesta tal como está formulada.

Jiles calificó de excelente idea la posibilidad de someter la reforma a un plebiscito. En su opinión, el gobierno aún no toma conciencia de la gravedad del error político y legislativo cometido.

Qué contempla la reforma constitucional de seguridad

El proyecto, ingresado al Senado con suma urgencia, contempla ocho modificaciones a la Constitución. Entre sus ejes principales está la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, que podrá decretarse ante una amenaza grave e inminente o cuando la seguridad pública haya sido gravemente afectada.

Según reportó La Tercera, este estado podrá extenderse inicialmente por hasta 120 días y el Presidente podrá prorrogarlo por igual período. Para sucesivas prórrogas se requerirá el acuerdo del Congreso. Durante su vigencia, el mandatario podrá suspender o restringir la libertad personal, de locomoción y el derecho de reunión, además de interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.

Otras medidas incluyen incorporar la seguridad pública como mandato constitucional y deber del Estado, y crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo asociado a un régimen penitenciario especial.

Reacciones transversales y situación en el Congreso

En la versión de BioBioChile, las críticas han sido transversales. Sectores de la oposición y parte del oficialismo han expresado reparos, especialmente por la amplitud de las facultades presidenciales. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, reconoció que algunas atribuciones generan “escozor” incluso en su propia bancada.

La iniciativa se encuentra entrampada en el Senado. Fue derivada a las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa, lo que alargará su tramitación. La discusión en comisión recién comenzaría en septiembre.

Impacto político y proyección de la iniciativa

Jiles sostuvo que el gobierno cometió un error gravísimo al mostrar lo que denominó “la hilacha” de un intento de generar un gobierno autoritario. Afirmó que la mayoría de los planteamientos en seguridad son debatibles y tienen posibilidades de éxito, pero no esta reforma estructural.

• Duración inicial del nuevo estado de excepción: hasta 120 días.
• Prórroga posible sin Congreso: una vez por igual período.
• Modificaciones constitucionales propuestas: ocho.
• Trámite actual: Senado, con suma urgencia.
• Posición de Jiles: rechazo y llamado a plebiscito.

¿Logrará el Ejecutivo reunir los votos necesarios en el Senado para avanzar? Por ahora, el aislamiento que describe Jiles se refleja en las dificultades para sumar apoyos incluso dentro del oficialismo.

La diputada del PDG concluyó que el gobierno no tiene los votos y que la madurez democrática del país ha dejado aislados a quienes impulsan la reforma en estos términos. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales continúa abierto en el Congreso.