El ministro Quiroz dice que carece de atribuciones para aprobar permisos ambientales Patricio Herman 

Una investigación de Ciper Chile reabre el debate sobre el proyecto inmobiliario del hermano del ministro de Hacienda y la fragilidad de las evaluaciones ambientales en la Región de Valparaíso.

Mucho revuelo noticioso —y con justa razón— causó la investigación periodística de Ciper Chile publicada la semana pasada. El reportaje revela la intervención del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el negocio inmobiliario Alto Santorini, ubicado en Viña del Mar y perteneciente a su hermano, el arquitecto Víctor Quiroz.

Ante las cámaras de televisión, el ministro desmintió la noticia con incomodidad y suma seriedad, afirmando que carece de atribuciones para aprobar permisos ambientales. Esa afirmación es correcta. Sin embargo, su desmentido resulta una obviedad. En rigor, el ministro debió haber declarado que ningún funcionario de su ministerio tuvo contacto, por este negocio, con las autoridades ambientales de la Región de Valparaíso.

Antecedentes judiciales y el permiso de 2017

El cuestionado proyecto inmobiliario se originó hace casi nueve años, mediante el permiso de edificación N.º 161, del 29 de noviembre de 2017, cursado por el entonces director de Obras Municipales de Viña del Mar, Julio Ventura. Actualmente ese cargo lo ocupa el arquitecto Joan Saavedra.

Ese acto administrativo fue impugnado por la Fundación Yarur Bascuñán, a través de su abogado Gabriel Muñoz. Tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema establecieron que el proyecto debía someterse, previa y obligatoriamente, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debido a su proximidad —a menos de un metro— del Campo Dunar de Concón, ecosistema protegido por la institucionalidad chilena.

La Fundación también solicitó la invalidación del permiso. Aunque la Tercera Sala de la Corte Suprema dictó una orden de no innovar que suspendió sus efectos, el antiguo permiso sigue técnicamente vigente. Con la reciente Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, el proyecto podría ejecutarse en un terreno geológicamente sensible.

La objeción de Sernageomin y la denuncia ciudadana

En este discutido episodio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso pasó por alto —de manera cuestionable— la categórica objeción del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Esta omisión se relaciona directamente con la denuncia sobre áreas de riesgo de inundación y remoción en masa presentada el 20 de agosto de 2026 por la Fundación Defendamos la Ciudad ante la Contraloría General de la República.

Mediante el oficio N.º 136651/2026, del mismo 20 de agosto, el Subcontralor General solicitó informes a la Subsecretaría del Minvu, Senapred, MOP y Sernageomin. El documento está disponible en el sitio web de la fundación.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda:
«Es absolutamente falso. Las políticas del Gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisiones del organismo; no han fijado decisiones ni positivas ni negativas, sino que apurarlas.»

Riesgos reales: los socavones de 2023 y el cambio climático

El proyecto se encuentra prácticamente pegado al Campo Dunar. Cualquier intervención de esta magnitud exige considerar seriamente las características del suelo y los riesgos propios del lugar, más aún cuando el cambio climático está produciendo estragos visibles.

Resulta pertinente recordar los socavones de 2023 en el mismo sector. El proyecto Alto Santorini se ubica a muy poca distancia de los edificios y terrenos afectados por aquellos eventos, que obligaron a evacuar inmuebles y dejaron al descubierto las consecuencias de construir intensivamente en un territorio de estas características.

No se trata de riesgos teóricos ni de advertencias formuladas únicamente sobre el papel: la naturaleza ya demostró, en los hechos, cuáles pueden ser las negativas secuelas de las intervenciones antojadizas. Por ello, deben respetarse los marcos regulatorios urbanos y la ley ambiental.

Después de los socavones, resulta incomprensible que se continúen evaluando este tipo de megaproyectos como si nada hubiera ocurrido. Las normas urbanísticas y ambientales no pueden aplicarse de espaldas a la experiencia vivida. Por lo acontecido en 2023, debió haberse elevado —y no disminuido— el estándar de precaución exigible para cualquier nueva construcción de magnitud en las inmediaciones del Campo Dunar.

Acciones de fiscalización y el fantasma de la corrupción histórica

Diputados de oposición han anunciado que acudirán a la Contraloría para que investigue el desarrollo de estos hechos. Mientras se dilucida la contienda, Alto Santorini deberá postergar el inicio de sus faenas.

Conviene recordar el escándalo de proporciones que tuvo lugar al término del gobierno del presidente Patricio Aylwin en relación con estas mismas dunas. El 2 de marzo de 1994, el asesor jurídico del Consejo de Monumentos Nacionales, Pedro Pierry Arrau (quien posteriormente fue ministro de la Corte Suprema), emitió un contundente informe que documentaba irregularidades. Ese informe fue entregado hace años por este columnista a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Si se encuentra extraviado, en esta ocasión se pone a disposición de cualquier interesado —incluyendo al Palacio de La Moneda— para que se conozca cómo opera la corrupción en estos casos.