Detalles de la propuesta ingresada con suma urgencia
El lunes 17 de agosto el Ejecutivo presentó en la Cámara Alta un proyecto que modifica ocho artículos de la Constitución. Entre ellos destaca la incorporación de un estado de excepción activable ante amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya resulte afectada.
La duración máxima inicial alcanza 120 días. El Presidente puede prorrogarlo por igual periodo sin requerir acuerdo del Congreso. Solo las prórrogas sucesivas necesitan respaldo legislativo. Durante su vigencia, el mandatario podrá suspender o restringir la libertad personal, el derecho de locomoción y de reunión; limitar la asociación; interceptar comunicaciones y documentos, y disponer requisiciones de bienes.
Las zonas afectadas quedarían bajo mando de un oficial general designado por el Presidente. Una ley orgánica constitucional definiría las facultades de las fuerzas de orden y la eventual colaboración de las Fuerzas Armadas.
Según reportó La Tercera, el texto final se acotó respecto de borradores previos que contemplaban once modificaciones. Diario Financiero indicó que la iniciativa pasó a las comisiones de Constitución, Seguridad Pública y Defensa para su análisis.
Críticas de la oposición: comparación con Maduro y riesgo institucional
Diputados socialistas, del Partido por la Democracia y del Partido Comunista coincidieron en rechazar el alcance de las facultades. El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que “los autoritarismos empiezan cuando mediante el miedo quieren convencer a las democracias de entregarle poderes extraordinarios a solo una persona”.
“Habría que recordarles que el camino que propone Kast es el mismo camino que propuso (Nicolás) Maduro en Venezuela: concentrar poderes extraordinarios en una sola persona”.
El diputado Raúl Leiva (PS) afirmó que la herramienta resulta “absolutamente exógena a nuestra trayectoria”. Señaló que se aplican normas similares a las de un estado de asamblea o de sitio, con limitación de derechos y habilitación de interceptaciones que no bastan para una persecución penal efectiva. Destacó como más grave el plazo de 120 días.
Andrea Parra (PPD) lo calificó de despropósito. “Tener 120 días con prórroga del Presidente sin control del Congreso es llamativo”, dijo. Raúl Soto advirtió que el Gobierno “ha traspasado una línea roja” al debilitar la autonomía de otros poderes. Daniela Serrano (PC) expresó preocupación por la extensión de atribuciones y la posible discrecionalidad en la definición de crimen organizado.
En la versión de T13, estas declaraciones se concentraron en la concentración de poder sin contrapesos inmediatos. Emol recogió posturas similares desde el oficialismo moderado, donde senadores como Matías Walker descartaron su respaldo.
Comparación con estados de excepción vigentes
Los estados actuales de asamblea y de sitio exigen pronunciamiento del Congreso en un plazo de cinco días. El nuevo mecanismo permite un periodo inicial de hasta ocho meses bajo decisión unilateral del Ejecutivo. Esta diferencia marca un cambio de diseño respecto de la tradición constitucional chilena posterior a 1980.
Contexto de cifras de crimen organizado y resultados recientes
El indicador nacional de crimen organizado de la Universidad San Sebastián, publicado a fines de julio de 2026, registró 94.874 delitos asociados en 2025. Eso representa un aumento de 10 % respecto de 2024 y un alza acumulada de 45 % desde 2022. La tasa nacional llegó a 656,4 delitos por cada 100 mil habitantes. Ochenta y cinco comunas aparecen en niveles críticos.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad informó el 17 de agosto una baja de 17,4 % en víctimas de homicidios y de 41,4 % en secuestros confirmados por la Policía de Investigaciones, respecto del mismo periodo de 2025. Las incautaciones de drogas subieron 63,9 %. Los ingresos irregulares en fronteras cayeron 86,9 %.
¿Puede un nuevo estado de excepción potenciar estos avances o generar riesgos de aplicación discrecional en zonas urbanas densas?
- Duración inicial sin control legislativo: 120 días.
- Prórroga presidencial adicional: otros 120 días.
- Facultades de interceptación y requisición de bienes activas durante todo el periodo.
- Necesidad de quórum de cuatro séptimos para aprobar la reforma: 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara.
El impacto medible radica en la posibilidad de restringir derechos fundamentales en polígonos específicos durante casi un tercio de un año legislativo sin intervención parlamentaria previa. Eso altera el equilibrio de poderes vigente desde la transición.
Trámite legislativo y posiciones en el oficialismo
La reforma ingresó con suma urgencia. El Senado destinó 15 días para despacharla en esta etapa. Tras dar cuenta el martes 18 de agosto, pasó a Constitución como comisión matriz. Seguridad y Defensa intervendrán en artículos específicos.
Dentro del oficialismo existieron reparos previos. La UDI condicionó su apoyo a ajustes que redujeron el alcance original. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que los ejes centrales son elevar la seguridad pública a deber constitucional, crear un registro de organizaciones criminales con régimen penitenciario especial y establecer el nuevo estado de excepción.
Según reportó Diario Financiero, la oposición comparte preocupaciones con sectores del oficialismo sobre el plazo de ocho meses sin control. La Tercera detalló que se mantuvo la habilitación para restringir prestaciones estatales a condenados por crimen organizado mediante ley de quórum calificado, aunque se eliminaron algunas de las once modificaciones iniciales.
Proyección inmediata
El debate se traslada ahora a las comisiones. La aprobación requiere construir una mayoría transversal que hoy no aparece garantizada. Cualquier despacho positivo abriría la puerta a su aplicación en zonas de alta incidencia de delitos asociados al crimen organizado, donde el indicador de la Universidad San Sebastián identifica las mayores tasas en el norte y en comunas de la Región Metropolitana.
La discusión constitucional reabre un capítulo cerrado tras los dos procesos fallidos de cambio de carta fundamental. El resultado definirá el margen de acción del Ejecutivo en seguridad durante el resto del periodo presidencial.
Para consultar el indicador completo de delitos asociados al crimen organizado, véase el informe de la Universidad San Sebastián publicado en julio de 2026. Los balances oficiales del Ministerio de Seguridad se actualizan semanalmente en el sitio del Gobierno.
Más información sobre reformas constitucionales recientes en nuestra cobertura de reformas de seguridad y el seguimiento legislativo en el trámite del Senado de agosto.
Fuentes oficiales de referencia: La Tercera sobre el ingreso de la reforma y Diario Financiero sobre el consenso y rechazos.
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