El escenario no es simple. Según reportó La Tercera el 22 de agosto, la gestación del proyecto generó fricciones incluso dentro del gabinete, con objeciones desde Defensa y Segpres que obligaron a correcciones de último minuto. En la versión de T13, los alcances del nuevo estado de excepción no convencen del todo y se convierten en el primer gran test para el titular de la cartera. Diario Financiero indicó días antes que el oficialismo no logra un consenso pleno y que la oposición rechaza de plano varios de sus pilares.
Los ocho cambios que llegaron al Senado
El mensaje presidencial, parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), fija la seguridad pública como deber del Estado. Incorpora un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, asociado a un régimen penitenciario diferenciado a cargo de Gendarmería. También habilita inhabilidades para condenados por esos delitos, aunque deja los detalles específicos —incluida la eventual restricción de prestaciones de salud— a una ley de quórum calificado.
El punto más debatido es el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Podrá decretarse ante amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad pública, por hasta 120 días, prorrogables por igual período sin intervención del Congreso. Solo una segunda extensión requerirá acuerdo parlamentario. Durante su vigencia, el Presidente podrá restringir libertad de locomoción y de reunión, interceptar comunicaciones y disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas bajo un Oficial General designado.
Según el informe de Reuters y coberturas locales, el texto original contemplaba once modificaciones. Presiones de la UDI y RN obligaron a recortar disposiciones que, a juicio de esos partidos, convertían la Constitución en un catálogo de políticas públicas. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, había advertido que en las condiciones iniciales su colectividad no podía respaldar el proyecto porque dañaba la institucionalidad.
Cifras recientes que enmarcan el debate
Los números oficiales muestran una tendencia a la baja en homicidios, pero niveles que siguen por encima de la década anterior. El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados 2025, publicado por la Fiscalía de Chile en marzo de 2026, registró 1.091 víctimas, una disminución de 11,5 % respecto de las 1.209 de 2024 y una tasa de 5,4 por cada 100.000 habitantes. El máximo histórico se alcanzó en 2022 con 1.330 casos.
En agosto de 2026, el propio Ministerio de Seguridad reportó, tras un comité policial, una caída adicional de 17,4 % en víctimas de homicidios respecto del mismo período del año anterior, junto con un descenso de 41,4 % en secuestros confirmados por la PDI. Arrau ha insistido en que la meta es bajar de los mil homicidios anuales. Sin embargo, la percepción de inseguridad se mantiene elevada: la ENUSC 2024 ubicó el temor en 56,6 %, un máximo histórico de la serie.
¿Alcanza una reforma constitucional para consolidar esa tendencia o se requiere primero un consenso político más amplio? La pregunta recorre los pasillos del Senado mientras la iniciativa avanza hacia las comisiones de Constitución, Seguridad Pública y Defensa.
Resistencias internas y la encuesta que complicó el escenario
La tramitación comenzó con roces. Según la cobertura de Ex-Ante del 18 de agosto, el texto definitivo extendió el plazo del estado de excepción respecto de borradores anteriores, pero suavizó otras normas para intentar amarrar a Chile Vamos. El ministro se abrió a eliminar la inhabilitación de beneficios sociales posterior a la condena y a discutir la duración del régimen excepcional, según reveló el senador Andrés Longton (RN).
La encuesta Cadem de la tercera semana de agosto mostró que un 51 % cree que el Gobierno debería retirar la reforma, buscar acuerdos y presentar ajustes. Solo un 10 % apoya avanzar tal como está. Respecto del nuevo estado de excepción, un 61 % estima que requiere autorización del Congreso y un 55 % prefiere que se renueve cada 30 días. Un 44 % se declara de acuerdo con la figura y un 49 % en desacuerdo.
- Seguridad pública como deber constitucional explícito.
- Registro de organizaciones criminales y terroristas con régimen penitenciario especial.
- Nuevo estado de excepción de hasta 240 días en la primera fase.
- Inhabilidades sujetas a ley de quórum calificado.
En Emol se detalló que RN presentó un paquete de indicaciones para reforzar el rol de las Fuerzas Armadas y establecer un estatuto especial para determinadas organizaciones. El senador Matías Walker, en tanto, ya había advertido que no se contara con su voto para lo que calificó de “locura”.
Comparación con estados de excepción vigentes
Los cuatro estados de excepción actuales —asamblea, sitio, catástrofe y emergencia— requieren, en la mayoría de los casos, control del Congreso para prórrogas. El nuevo instrumento se diferencia por su foco en seguridad pública y por la posibilidad de aplicarse en zonas o barrios acotados. Arrau ha defendido que permite intervenciones temporales profundas donde hoy no existen herramientas suficientes, como la interceptación de comunicaciones en polígonos específicos o restricciones de movilidad para empadronar sectores críticos.
La experiencia comparada en la región muestra que herramientas similares suelen exigir mayor control legislativo desde el inicio. En Chile, la propuesta original superaba esos estándares, lo que generó el rechazo cruzado que ahora obliga a negociar.
Impacto medible y proyecciones inmediatas
Si la reforma avanza sin cambios sustanciales, el Ejecutivo ganaría capacidad de intervención focalizada en un plazo corto. Sin embargo, el costo político ya es visible: la propia base oficialista exige modificaciones y las encuestas muestran que la ciudadanía prefiere control parlamentario. Un análisis de impacto concreto indica que, de mantenerse la tendencia de baja de homicidios observada en 2025 y en lo que va de 2026, el país podría acercarse a la meta de menos de mil casos anuales antes de fin de año, pero la percepción de inseguridad no necesariamente acompañará esa mejora sin resultados visibles en barrios prioritarios.
La Moneda ha intensificado reuniones técnicas. Arrau se ha mostrado pragmático: “Estamos muy abiertos a hacer cambios” para lograr una tramitación rápida, según declaró a medios en la semana del 20 de agosto. El corazón que defiende es el listado de organizaciones y el estado de excepción de índole policial, aunque los plazos y los controles quedan abiertos a discusión.
“A nosotros nos interesa tener el listado de organizaciones criminales y terroristas […] y tener un Estado de excepción intenso y acotado de índole policial”.
Fuentes primarias confirman el marco. El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados 2025 está disponible en el sitio de la Fiscalía de Chile (documento oficial). Los datos de Cadem de agosto 2026 se publicaron en su plataforma de estudios. El texto ingresado al Senado puede consultarse a través de los registros del Congreso Nacional una vez que las comisiones lo digiten formalmente.
La reforma de seguridad seguirá su curso en las próximas semanas. El resultado no solo medirá la capacidad de Arrau para construir mayorías, sino también el margen real que tiene el Ejecutivo para transformar en norma las promesas de mayor control del crimen organizado. El Congreso, por ahora, tiene la última palabra.
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